La Alcaldía de Arraiján dispuso no otorgar nuevos permisos de construcción ni de uso de áreas de servidumbre, en zonas costeras, viales, pluviales y toda área que sea de uso público.
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Esta decisión del Municipio de Arraiján se basa en el Artículo 258 de la Constitución Nacional el cual indica que estas áreas son de uso público y no pueden ser objeto de apropiación privada.
Elizabeth Fernández, jefa de catastro dijo que pese a esta norma existen locales ubicados en servidumbre amparados por resoluciones dictadas por la administración del alcalde Pedro Sánchez Moró.
Los propietarios de estos locales adeudan al municipio 155 mil 493 dólares, reveló Fernández, luego de realizar un audito.
La mayor parte de terrenos de servidumbre pública ocupados se encuentran en el corregimiento de Vista Alegre, en donde se contabilizan 135 locales dedicados a diversas actividades.
El monto a pagar por cada local depende de la cantidad de metros cuadrados de terreno que se esté ocupando.
Según Fernández la dirección de Asesoría Legal está revisando cada uno de los expedientes para determinar la legalidad de las resoluciones que autorizaron el uso de servidumbre.
Una vez concluya esta revisión, no se descarta la posibilidad de que se realicen operativos para el desalojo y remoción de locales existentes.
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Para finales del 2018 el Ministerio de Obras Públicas había notificado al Municipio de Arraiján su disconformidad con el otorgamiento de permiso para uso de servidumbre pública.
